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POLITICA   miércoles | 20-09-2017 | 08:21
Violencia de género: avanza la licencia laboral en el Estado Provincial

Con el interés de avanzar en la redacción de un proyecto definitivo que regule una licencia laboral por violencia de género para empleados de los tres poderes del Estado y órganos extrapoder, la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales de la Legislatura decidió proseguir una semana más el debate del proyecto.

El martes 19 de septiembre se trabajó una propuesta unificada, la que fue consensuada por todos los bloques luego de haber consultado opinión a organizaciones sociales, gremiales y a diversos organismos del Estado provincial.

El orden del día incluía tres propuestas similares, presentadas por el Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (SEJUN), por los diputados Mandato Cumplido Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote; y por el diputado Carlos Sánchez del bloque Unión Popular.

Cabe consignar que con fecha 11 de agosto de éste año, el Gobernador de la Provincia Mediante Decreto 1.324 establece una licencia por violencia de género con goce de haberes para todas las trabajadoras dependiente del Consejo Provincial de Educación (CPE); sea titular, interina o suplente.

La iniciativa unificada por los legisladores promueve el derecho de las víctimas de violencia de género a ser asistidas integralmente, a través de un régimen de licencia especial, en el marco de las leyes provinciales N° 2.785 y 2.786, para quienes deban ausentarse en forma total o parcial por este motivo.

La duración de la licencia por violencia de género se extenderá por 180 días anuales, pudiendo ser ampliada por las autoridades intervinientes.

La discusión en la comisión giró en torno al procedimiento de presentación de la denuncia por parte del trabajador/a como consecuencia de haber sido víctima de violencia de género, debate que se generó a partir de una duda que planteó el diputado Sergio Gallia (AN) al pedir que se “especifique bien el ámbito ante quien debería presentar la damnificada la denuncia, en sobre cerrado, dada la gravedad del tema”.

Carlos Sánchez (FR), autor de uno de los proyectos, habló de la voluntad del gobierno de poner en funcionamiento la licencia otorgada al CPE y dijo que “ésta norma va a respaldar la iniciativa del PEP” y sostuvo que la violencia de género debe ser erradicada. Explicó que objetivo del proyecto es que las víctimas de violencia cuenten con el tiempo necesario para hacer sus trámites judiciales y médicos y no recurran a otras licencias que no son convenientes. También señaló que quienes pueden gozar de la licencia son los empleados públicos de los tres poderes del Estado cualquiera sea su situación de revista e impide que sean despedidos.

Por su parte, Santiago Nogueira (LS) reafirmó el proyecto consensuado que “demandó un trabajo extenso, comprometido y con mucha conciencia”, recordó que se conformó una comisión de asesores y que se incorporaron aportes de distintos sectores. Aplaudió que el cuerpo esté visibilizando esta “problemática que tanto castiga y conmueve a todos los argentinos”. En tanto, Raúl Godoy (PTS-FIT) también celebró el tratamiento del tema al señalar que “en la Confluencia se realizan 17 denuncias por día por hechos terribles que nos golpean la cara cuando vemos, al día siguiente los titulares de los diarios”. Abogó por una política de prevención en la materia y pidió que la radicación de la denuncia en el ámbito laboral del afectado/a quede en manos de un equipo de abordaje interdisciplinario y que no sea la propia mujer quien la realice ante su organismo laboral.

Por el Frente Grande se expresó Raúl Podestá, quien coincidió con Godoy al decir que “con esto protegemos un hecho consumado pero debemos hacen hincapié en instituciones que contengan a las víctimas y su grupo familiar para no llegar a encontrarnos luego con el femicidio”.

Gloria Sifuentes (MPN) pidió tiempo para analizarlo en su bloque y recordó la vigencia de la Ley 2.785 que establece que la denuncia se hace ante la justicia para resguardar a la víctima y es aquella la que ordena la licencia a los organismos correspondientes. No acordó con que la víctima de violencia deba radicar la denuncia en su lugar de trabajo porque “sigue siendo más víctima ante sus compañeros”, indicó.

Por último, el presidente del cuerpo Damián Canuto (PRO) indicó que el objetivo de la licencia permitirá, entre otros aspectos, “que la mujer no deba recurrir a mecanismos que no son los correctos para ausentarse de su trabajo ante una situación de violencia”. Más allá de acordar en general con el proyecto, consideró que debería ser “una ley más simple, que sirva como herramienta de solución real para la mujer damnificada”.

Estuvieron presente los diputados: Damián Canuto, Gloria Sifuentes, Santiago Nogueira, Sergio Gallia, Carlos Sánchez, Raúl Godoy, Raúl Podestá, María Laura Du Plessis y Lucía Menquínez.
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