La historia judicial del nuestro país ni es tan justa ni tan ciega. El concepto de “justicia” no es comparable con el del “poder judicial”. “Tal vez sea importante disociar la justicia del derecho” en especial porque el derecho es un dispositivo que genera un corte humano: hay un conjunto de normas que define quién queda de un lado o quién queda del otro.

Y si no hubiera ese corte, los de adentro no serían los de adentro porque no es lo mismo ser persona que ser humano. La personaría no coincide con lo humano y hay mas humanos que personas pero el derecho es solo para las personas.

Quizás por eso decía Simone Weil que lo más sagrado que lo que los humanos tenemos es lo “impersonal”. La justicia es otra cosa. Nunca podría basarse en el derecho de una parte. Debería aún incluir, según Walter Benjamin, a todos los derrotados de la historia, señala el filósofo Darío Sztajnszrajber.

Podría ir más lejos y pensar cómo es posible el concepto de justicia en un sistema intrínsecamente injusto como el capitalismo. Pero acá estamos amigos en medio de este enredo y es por eso que nos pasamos la vida pidiendo justicia y a esta cuando se le antoja llegar nunca es justa.

El Poder Judicial de la Nación no nació para impartir justicia sino para ser un ariete de legitimación del poder real desde el origen mismo de la Patria. Para eso basta con observar la primera Corte Suprema Justicia de la Nación de 1863. Todos sus miembros eran liberales en lo económico y conservadores en lo institucional, positivistas, creían en la Ilustración y en el progreso, Elitistas, acérrimos defensores de la propiedad privada y del europeísmo cultural. Todos habían ejercido cargos políticos como legisladores o gobernadores antes de llegar a la Corte y habían participado de la confección de la Constitución Nacional (basada en la estadounidense) que ahora debían interpretar como magistrados.

Militantes antiterroristas, hijos dilectos de Domingo Sarmiento y Juan B. Alberdi, llegaron a ocupar sus lugares por decisión de Bartolomé Mitre, que el 13 de octubre de 1862 dictó la ley 27, que organizó ése Poder Judicial, y conservó como presidente de la Nación (hasta 1930) el poder de designar al presidente del Tribunal.

El primero fue Francisco de la Correas (bisabuelo del cuestionado camarista que viajó a Miami financiado por el grupo Clarín), junto a quienes fueron nombrados Valentín Alsina, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y Juan José Barros Pozos. Sin embargo, Alsina rechazó el ofrecimiento y fue remplazado por quien sería el gran ideólogo de aquella primera Corte, José Benjamín Gorostiaga.

En su primer fallo quedó en claro que su misión era consolidar el gobierno mitrista y sus propias autoridades. Sus primeros 113 fallos fueron dictados por unanimidad. La realidad era que Gorostiaga la dominaba con mano de hierro. En la década siguiente se conformarían los códigos Penal, Civil y Comercial. La Corte seguirá la misma impronta en años posteriores consolidada por el gobierno de Julio Argentino Roca, que remplazó como ideólogo a Gorostiaga por Antonio Bermejo, que aún detenta el récord de ser el presidente con más años al frente de la Corte (24 años) ya que entonces ese cargo era vitalicio.

Muy justo todo. En este período, los fallos de la Corte profundizaban la concepción liberal de la economía considerando al Estado un enemigo de la libertad del individuo y reforzando al extremo el concepto de propiedad privada para consolidar a las grandes familias patricias como las dueñas de la Patria. La Corte comenzó a funcionar en Bolívar entre Moreno y Belgrano y para esa época se decidió la construcción del actual Palacio de Tribunales encargado a un francés, Norbert Maillart, Que nunca conoció la Argentina, en el lugar entonces había funcionado el Parque de Artillería. En su frontispicio aún puede verse el símbolo de la Justicia: el hacha romana, símbolo del fascio, de la unidad en grupo, y la tabla de Moisés que representa el derecho natural. Cuanto menos, polémico.

En el cuarto piso se instalo la Corte Suprema. Leticia Barrera, en su libro La Corte Suprema es escena. Una etnografía del mundo judicial, cuenta; “El cuarto piso alberga exclusivamente oficinas de la Corte Suprema, como el Salón de Acuerdos. Donde los jueces se reúnen a las 9 de la mañana. En el centro de la escena se ubica una mesa de diez lados que data de la época en que la Corte fue ampliada de cinco a nueve miembros. Cada juez se ubica en el lugar que tiene asignado, y queda reservado el espacio restante para el secretario de la Corte (…). En la actualidad al ser siete los miembros de la Corte, dos lugares de esa mesa, quedan sin ocupar”. En realidad actualmente son tres, porque Carlos Fay, que tiene 95 años y que debió haber renunciado hace veinticinco años (permanece en su lugar por una propia acordada con la Corte) pero no va a estas reuniones porque tiene miedo de agarrarse un virus por su avanzada edad.

El último acto vergonzante de ratificación de legitimador del poder real de aquella primera etapa cortesana fue la acordada del 10 de septiembre de 1930, en la que “acusa recibo” de la comunicación que le hace el presidente de facto, José Félix Uriburu, sentando la jurisprudencia de la aceptación de los golpes militares en la Argentina.

Así quedó consolidada la estructura del Poder Judicial que dominaría sin mayores complicaciones hasta 1983, cuyos cambios más significativos estuvieron vinculados con el traspaso entre gobiernos civiles y dictaduras que hacían cambiar la composición de la Corte pero no generaban mayores modificaciones en el resto de la pirámide de poder.

“Hasta 1983 el Poder Judicial era dominado por los sectores más reaccionarios”, afirma Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. La familia judicial, como así les dicen, que se consolido a través de los llamados “nombramientos cruzados”, mediante los cuales los jueces se hacen favores entre sí empleando en sus juzgados a parientes y entenados. La “carrera judicial” implica una serie de padrinazgos para poder acceder a su escala más alta como magistrad.

En su libro Poder Judicial y Dictadura. El caso de la morgue, María José Sarrabayrouse Oliviera lo explica así: “la relación creada por el don estará expresada en la deuda (…). En el caso de los agentes judiciales (…), por designaciones, recomendaciones, ascensos. La relación de los intercambios establece una serie de coerción moral sobre los actores que participan de la misma. De esta manera actúa como una fuerza de presión que obliga a la devolución de favores. En otras palabras pertenecer a la familia judicial tiene sus privilegios pero no está muy lejos de lo que pasa en otros ámbitos ¿no? Sino tenes una cuña o un pariente en el gobierno o en alguna empresa te va hacer mucho más difícil ingresar. Las cuestiones políticas también se entremezclan y la cosa se pone más oscura en los manejos de los cargos en estos lugares que deberían ser por concursos en vez de acomodamientos familiares o por amiguismo.

Hablar del sistema judicial en nuestra argentina muchas veces se torna muy complicado mucho más cuando uno no es un experto en la materia pero si nos damos cuenta cuando esta no está siendo aplicada como se debiera porque no somos estúpidos. No tenemos leguajes de palabras complicas para expresar debidamente alguna injusticia pero si sabemos que algo no anda bien en nuestro país. Después de treinta años de estabilidad democrática el sistema de administración de justicia se encuentra interpretado por diferentes sectores sociales, políticos y sobre todo un pueblo que entiende que se necesita una profunda transformación de sus bases institucionales.

El debate debería procurar alcanzar un punto de inflexión en la historia judicial que reconcilie los tribunales con los ciudadanos pero nos vemos peleando por cuestiones tan superficiales y solo por transformaciones en nuestra Carta Magna por ambiciones políticas y muy personales. En un breve repaso por el siglo XX muestra con claridad que bajo la ficción de una justicia independiente, El Poder Judicial argentino se encargó de legitimar gobiernos autoritarios y sociedades profundamente desiguales.

En su gran mayoría, los miembros de la “familia judicial” término que ilustra con crudeza su endogamia que provienen de estamentos sociales y políticos acomodados a los cuales se buscan proteger. La democracia argentina demanda que el sistema judicial abandone su cultura histórica que la mantiene encerrada en la soberbia del poder y que teja nuevas alianzas con los más desprotegidos.

Queridos amigo solo he querido dar un repaso de la historia de nuestro sistema judicial acompañado por el soporte de aquellos que saben mucho más que yo de la vida interna de nuestra situación en medio de una justicia o mejor dicho de los que deberían impartirla en un país sospechado de una inmensa corrupción y de inseguridad.

Les dejo un abrazo de este humilde servidor. Charly Hernández