Con el objetivo de mantener la actividad petrolera y que no se vea afectada por la crisis internacional, se constituyó el jueves 27 de noviembre una mesa de diálogo formada por las empresas petroleras, los gobiernos provinciales y el poder ejecutivo nacional.
De dicho encuentro participaron los directivos de las empresas YPF, Total; Pan American Energy, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Petrobras. Por el lado de los gremios se encontraban presentes la Federación de Petroleros Privados, sindicalistas disidentes, SUPE y del Personal Jerárquico del sector, y los gobernadores de Santa Cruz, Daniel Peralta, Mario Das Neves por Chubut, y Jorge Sapag, de Neuquén.
El convenio firmado por los participantes incluyó la preservación del nivel de actividad y de empleo en el rubro y la reducción del impacto de la crisis internacional en el sector. Además, se suspendieron por seis meses las negociaciones colectivas y paritarias vigentes, dentro de un marco de mantenimiento de las actuales condiciones salariales y convencionales.
Otro punto importante del acuerdo fue que las partes analizarán la prórroga de la suspensión o no en el mes de marzo próximo y ratificaron los acuerdos salariales y convencionales suscriptos con anterioridad, los que se efectivizarán en las fechas comprometidas. También se sostuvo que es de interés común, el mantenimiento de adecuados niveles de producción de hidrocarburos, la recuperación de reservas y el aumento de la capacidad de refinación.
Desde el sector empresarial se sostuvo que durante los últimos meses y al compás de la baja de los precios internacionales de los hidrocarburos y de una menor demanda, habían bajado los niveles de rentabilidad y el financiamiento de la actividad estaba complicado.
Fuentes sindicales, por su parte, dijeron que, si se mantienen los niveles de empleo, se podría aceptar una reducción de la jornada laboral en ciertas tareas específicas, con la consecuente merma salarial, “para preservar las fuentes de trabajo”.
El acuerdo sectorial fue firmado en la sede central de YPF y respaldado por el gobierno nacional con la presencia del ministro de Planificación, Julio de Vido, quien ofició de “articulador” entre empresas y trabajadores.